Reseña Histórica

A lo largo de la vida republicana, Venezuela ha tenido experiencias fundamentales como la constitución de 1999 que en su artículo 12 numeral 27, nos explicaba que los estados que formaban la unión venezolana eran autónomos e iguales como entidades políticas, conservaban en toda su plenitud la soberanía no delegada en esa constitución y se obligaban a tener como renta propia, lo que producían todos los Estados proporcionalmente al número de sus habitantes, la cual sería distribuida proporcionalmente en razón de la producción y consumo de los mismos, el producto de los impuestos sobre sus producciones naturales y el producto del papel sellado de acuerdo con sus respectivas leyes.

Es por ello que nace la transferencia de competencias dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente extendiendo el alcance de la competencia sobre este ramo de ingresos, a los estados abarcando los ramos de papel sellado y estampillas, potestad ésta que debe ser desarrollada a través de la respectiva legislación estadal, pues hasta tanto los estados no asuman esta competencia, lo recaudado por concepto de timbres fiscales pasará a ser, ingresos del Tesoro Nacional, por ello estableció que: “Hasta tanto los estados asuman por Ley Estadal las competencias referidas en el numeral 7 del articulo 164 de esta Constitución, se mantendrá el régimen vigente”.

En virtud de lo anterior, se anima a los estados a dictar con la mayor prontitud dichas leyes. En este sentido, la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (LODDT) en su artículo 11 transfirió a los estados, competencias exclusivas en diversas materias, algunas de las cuales permiten, el ejercicio del poder tributario sujeto a los términos de tales transferencias, de esta manera, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 164, numerales 4 y 7, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; del artículo 106, numerales 2 y 6 de la Constitución del Estado Portuguesa y del artículo 18, numerales 13 y 25 de la Ley de Administración del Estado Portuguesa; se estableció que el poder de recaudación y administración de los recursos y la verificación de las obligaciones tributarias contenidas en el Decreto con fuerza de Ley de Timbre Fiscal es competencia exclusiva de los estados que asuman dicha atribución mediante la sanción de la respectiva Ley Fiscal.

La Ley de Timbres Fiscales del estado Portuguesa publicada en Gaceta Oficial No.331 Extraordinaria, en fecha 09/02/2006, prevé en su artículo 94 la potestad de organizar lo pertinente a la gestión de las tasas; creándose el 13 de febrero del año 2006 el Servicio Autónomo de Rentas del Estado Portuguesa (SAREP), sin personalidad jurídica y con la finalidad de recaudar, liquidar y administrar los recursos de carácter fiscal que son patrimonio del Estado Portuguesa mediante Decreto No.1077-A, con una reestructuración en fecha 28/12/2006 mediante Decreto de la Gobernación del Estado Portuguesa No.1495.